El derecho a decidir del consumidor
Hola:
Antes que nada quiero decir que no soy muy, y recalco lo de muy, partidario del boicoteo a empresas. Ello por el simple hecho de que quien al final paga los platos rotos es el trabajador. Pero, mencionado lo anterior, diré también que a veces no queda más remedio que ejercer ese derecho a decidir que tenemos todos los consumidores.
Sin ir muy lejos, me viene a la mente la presión que los compradores ejercieron sobre los patrocinadores de un programa de televisión y que obligaron a la cadena a eliminarlo de la parrilla. Al final es el consumidor el que tiene el poder y ese poder, si se sabe gestionar adecuadamente, da sus frutos.
Todo este desvarío catalán que los orates políticos catalanes quieren elevar al culmen de la independencia, está dejando todo un reguero de perniciosos efectos colaterales en multitud de empresas catalanas. Así, muchas de ellas, trasladan su sede social a otros lugares de España. Y lo hacen no sólo por las consecuencias derivadas de una posible secesión, sino por algo más importante, su salud económica actual representada en la cuenta de resultados.
No hace falta ser economista para percatarse de que es mejor perder un 20% que no un 80% de las ventas. Las intenciones que mueven a la empresa privada no son benéficas ni patrióticas.
La mayoría de las empresas que han movido su sede social son empresas grandes que, además, tienen su negocio, o gran parte de su negocio, fuera de Cataluña. No hace falta ser economista para percatarse de que es mejor perder un 20% que no un 80% de las ventas. Es eso, simple y llanamente, lo que ha motivado su decisión. Las intenciones que mueven a la empresa privada no son benéficas ni patrióticas. Puede que se aproveche del Estado, mejor dicho, del Gobierno de turno. Si saca rédito de este se pone a sus órdenes, pero si ve peligrar sus arcas, cambia de color con más rapidez que un camaleón.
La secesión catalana ha provocado en el resto de España algo que era previsible y que se llama hartazgo. El resto de españoles se han hastiado de la supremacía catalana, de toda, incluida la de las empresas. Y como se consideran pacíficos en sus actos, al igual que sus compatriotas catalanes, ejercen su, este sí, legal derecho a decidir qué productos y a quienes se compran. Está claro que ante esta situación el empresariado catalán se ha arrugado. Ha visto las orejas al lobo y así los dos bancos catalanes pusieron pies en polvorosa.
Claro, frente a este ejercicio democrático siempre hay quien, revestido de doctor económico, se lanza en tromba pregonando lo maléfico de ese derecho y aduciendo la multiplicidad de proveedores de otras regiones que se verán afectados por ese boicot al producto catalán. Se trata sólo de bien pagados publireporteros que elevan a categoría económico-social un hecho meramente de libertad de comercio, que además no es verdad.
La prepotencia y una confianza ciega en el poder, en un poder al que se servía y del que se servía, transmitió al empresariado catalán una seguridad que el tiempo se ha encargado de echar por tierra.
Cualquier persona medianamente informada sabe que ante un boicot comercial la demanda se mantiene. No se deja de comprar aquel artículo, sino simplemente se cambia de marca. O sea que lo que una pierde lo gana otra. Luego los proveedores que abastecen a la marca denostada serán en un futuro los suministradores de la nueva marca elegida. Dicho vulgarmente, el corcho extremeño tendrá nuevo cliente.
Nada nuevo bajo el sol. Cualquier empresa moderna sabe muy bien cuál es su mercado potencial, su target y su competencia. Cuando esta última es prácticamente nula, es dueña y señora, pero cuando abundan los competidores la cosa cambia. Y así, por ejemplo, las empresas catalanas elaboradoras de cava han visto cómo en los últimos años su monopolio se venía abajo. Porque a raíz de un oculto, pero cierto, apoyo al independentismo, otros empresarios se percataron del nicho que se les habría. Las ventas de cava catalán iban bajando año tras año, mientras aumentaban las de empresas sitas en otros lugares de nuestra geografía.
La prepotencia y una confianza ciega en el poder, en un poder al que se servía y del que se servía, transmitió al empresariado catalán una seguridad que el tiempo se ha encargado de echar por tierra. Porque una vez la seguridad se transforma en inseguridad se produce la espantada. Luego, que cada cual asuma su parte de culpa. Así empezó todo, ese fue el comienzo, pero, ¿cómo acabará?, ¿cuál será el final?, vaya usted a saber.
Cualquier persona medianamente informada sabe que ante un boicot comercial la demanda se mantiene. No se deja de comprar aquel artículo, sino simplemente se cambia de marca.
El daño al empresariado catalán, mejor dicho a su producción, ya está hecho. Lo que aún no se conoce es la cuantía en términos económicos, pero todo augura que será considerable. Las grandes empresas, en su gran mayoría, ya han huido y su margen de maniobra les permite sortear mejor cualquier boicot, por muy marcadas que hayan quedado por parte del consumidor. El tiempo se encargará de borrar señales. Pero algunas pequeñas y medianas no sobrevivirán, porque para ellas el tiempo, al igual que la tesorería, es escaso.
Al final, tal como indicaba al principio, quien pagará en mayor medida toda esta locura será la clase trabajadora, la que no medra ni roba. Esa que no vive del sustento político y de la subvención. La que se levanta cada día con la única idea de ganar lo necesario para mantener a su familia. Es lamentable, pero es así.
Y es que en el fondo el derecho a elegir, es un poder grande en manos del hombre, tanto que incluso cuando no se elige, se lleva a cabo una elección.
Saludos.
T.McARRON
