Cosas que empeoraron a partir de entonces.
2ª Parte. Los GAL, paro, pensiones, derechos sociales, separación de poderes. (2 de 2)
...continuación
Cuarto. La chapuza de los GAL. Además de matones, chorizos a sueldo.
Ante la embestida terrorista que en aquellos años sumaba cadáveres a diario, el gobierno socialista tomó la decisión en 1983 de atajar desde el Estado el problema de ETA. Para ello creó un grupo paramilitar con el que haría frente a los terroristas. La nula ayuda que se recibía de la vecina Francia apoya, si cabe aún más, esta decisión, cuyo objetivo era dar respuesta a la barbarie etarra, especialmente en su santuario en el sur de Francia. Hasta 1987 se responsabiliza a los GAL de veintisiete asesinatos, de los cuales aproximadamente una tercera parte no tenía relación directa con la banda terrorista.
El visto bueno del gobierno socialista a la creación de un grupo armado, que organizado y dirigido por Interior luchara contra el terrorismo de ETA, demostró, pasado el tiempo, la bisoñez, la falta de preparación y, tal vez, la prepotencia, de aquellos nuevos dirigentes que, a pesar de su amplia mayoría parlamentaria, no sabían cómo hacer frente a la lacra terrorista.
Los GAL, resultaron ser una banda de delincuentes aficionados, a los que les atraía más la buena vida que su labor de matón. Casinos, comilonas, mujeres y otros vicios alegraban la vida de los mandos y de la cuadrilla. Sólo así se entiende que todo acabara como una verdadera chapuza que salpicó hasta al mismo Presidente del Gobierno.
La nula ayuda que se recibía de la vecina Francia apoya, si cabe aún más, esta decisión, cuyo objetivo era dar respuesta a la barbarie etarra, especialmente en su santuario en el sur de Francia.
La puesta en marcha de todo este entramado de matones a sueldo costó importantes cantidades de dinero al Estado, no sólo por lo que representó el reclutamiento y la “nómina” de los asesinos, sino también por la parte de dinero que se dilapidó y se evaporó sin más. Tampoco es desdeñable el flaco favor que hizo al Estado de Derecho. Aquellos a los que se les llenaba la boca con la palabra democracia quedaron en la más absoluta evidencia.
Si cabe encontrar algo positivo en todo ese desatino institucional fue su contribución a acabar con el santuario etarra. Por una cosa u otra, a partir de 1987 ese refugio francés de ETA se iría convirtiendo poco a poco en una incómoda madriguera. Francia empezó a dejar de mirar para otro lado. Los miembros de ETA dejarían de ser refugiados.
Quinto. Paro, pensiones y derechos sociales.
Es evidente que el proceso democrático no alentaba el trabajo. La cifra de parados que a principios de 1980, según datos de la EPA del 1er trimestre, era de 1.428.000 ha sido la menos alta desde entonces. Si nos fijamos en la población con trabajo, el número de ocupados que a principios de 1977 era de 12.600.000 no se vería superado hasta bien entrado el año 1989.
Todavía debe resonar en muchos oídos la famosa promesa socialista de 1982 que aseguraba la creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo. No sólo no se crearía empleo en esa primera legislatura, sino que se perderían del orden de unos 350.000 empleos.
El paro ha sido siempre, desde el inicio de la democracia un problema, una asignatura pendiente que todavía está por aprobar. Resulta vergonzoso observar, que con la excepción de los años 2005, 2006 y 2007, la tasa de paro siempre ha estado por encima del 10%; llegando, desde 1982, en 17 ocasiones –años- a rondar e incluso superar el 20%. Una verdadera lacra convertida en tragedia que ha quebrado muchos futuros.
La población española envejece, cierto, pero ello no es debido sólo a una mayor esperanza de vida; la baja natalidad es también un factor determinante. En 1977, el número de españoles era de 36.506.800. Al cabo de una década, en 1987 se llegaba a 38.682.321, un incremento del 5,95% (la población extranjera en aquella época era residual, en torno a 55.000 personas). En 2016, tras casi 30 años, la población nativa española escasamente llega a 42 millones, lo que representa un incremento del 8,7% en todo ese periodo; un promedio por debajo del 2,9% atribuible a cada decenio.
El paro ha sido siempre, desde el inicio de la democracia un problema, una asignatura pendiente que todavía está por aprobar.
En 1981 vivían en España 4.236.740 personas con 65 años o más. En 2001 la cifra aumenta hasta 6.958.516 y en 2015 se sitúa alrededor de 8.300.000 personas. Ello representa una tasa del 18,5%, medio punto por debajo de la media europea.
Analizado desde la relación existente entre cotizantes y pensionistas, se observa que esta ratio ha ido variando a lo largo de los años de manera diversa, oscilando entre el máximo de 2,26 del año 1981 y el mínimo de 1,65 de 1996. Dicho de otra forma, el sistema de pensiones viene padeciendo desde hace décadas de insostenibilidad. Han sido 23, los años –en el periodo 1981/2015- en los que esa ratio se quedó por debajo de 2.
Tampoco los avances sociales conseguidos a lo largo de muchos años se han sentido a gusto en el periodo democrático. La clase trabajadora ha visto como muchos de ellos se han ido disolviendo como un azucarillo en la taza del café político. A lo largo de estos últimos 35 años la clase trabajadora ha ido perdiendo derechos, por mucho que los sindicatos propugnen lo contrario. Vayamos con algunos ejemplos.
El primer atentado contra el trabajador se produce con la aprobación del primer Estatuto de los Trabajadores, allá en 1980. Con él se legalizaban distintos tipos de contrato...
El primer atentado contra el trabajador se produce con la aprobación del primer Estatuto de los Trabajadores, allá en 1980. Con él se legalizaban distintos tipos de contrato, el de prácticas, formación, de duración determinada, en grupo, a tiempo parcial, o lo que es lo mismo los contratos basura. Eso sí, se garantizaba al trabajador su derecho a reunión y libertad de sindicación. Los sindicatos contentos y el trabajador también.
No obstante, este primer estatuto sería derogado con posterioridad. El que vino luego era peor. En 1995 se promulga la Ley del Estatuto de los Trabajadores, parecido al anterior pero que consagra la figura del becario y del aprendiz mayor de 18 años; se abre la posibilidad de que las pagas extraordinarias se prorrateen, diluyéndose con el sueldo; se da pie a semanas de más de 40 horas; la movilidad geográfica queda amparada por cuestiones económicas; se autoriza la cesión de trabajadores por medio de empresas de trabajo temporal que un año antes se habían legalizado. Nuevamente, los sindicatos satisfechos y el trabajador tragando.
No sería el anterior el último estatuto, el 24 de octubre de 2015 se publica la nueva Ley del Estatuto de los Trabajadores. La negociación colectiva pierde poder y se permite la negociación directa entre empresa y trabajadores, si la situación económica del empleador lo demanda. Esta vez los sindicatos se enfadan y a los trabajadores ya les da igual.
Con todo, lo peor de este atraco a lo conquistado es que se hacía para salvar el sistema de pensiones y para fomentar el trabajo. Ambas cosas, mentiras que el tiempo ha evidenciado.
La excusa del envejecimiento y de la mayor expectativa de vida han servido a los distintos gobiernos para modificar y penar las condiciones de jubilación. El primer golpe a los derechos adquiridos se dio en la década de los ’80, cuando el PSOE lleva a cabo un endurecimiento de las condiciones que dan derecho al devengo de la pensión.
En 1985, el gobierno saca adelante una ley de “medidas urgentes de racionalización de la estructura y la acción protectora de la Seguridad Social” que eleva de 10 a 15 los años de cotización necesarios para acceder a la pensión de jubilación e incrementa de 2 a 8 años el periodo de cálculo de la base reguladora.
Años más tarde, en 1995 el vicepresidente económico Solbes animaba a los españoles a suscribir planes de pensiones privados y en 1997, con el PP en el poder, se vuelve a aumentar el tiempo preciso para devengar el derecho. Se eleva el número de años de cotización para cobrar el 100% de la pensión como consecuencia de aumentar el periodo de cálculo de 8 a 15 años.
Y no quedaría ahí. En agosto de 2011, antes de perder las elecciones, el gobierno socialista, amparándose nuevamente en el problema demográfico, realiza un nuevo “retoque” y eleva la edad de jubilación hasta los 67. Eso sí, la implantación será progresiva y paulatina, faltaría más. Obvio profundizar más en ello por estar en la mente de todos.
Con todo, lo peor de este atraco a lo conquistado es que se hacía para salvar el sistema de pensiones y para fomentar el trabajo. Ambas cosas, mentiras que el tiempo ha evidenciado. Un engaño a la clase trabajadora, sin la cual no se hubiera enriquecido toda esa casta de políticos y delincuentes.
Sexto. Un Estado sin división de poderes, ‘partidocracia’ y plutocracia.
Si de algo presume una democracia es de la separación de poderes; una separación de funciones que posibilita el control y contrapeso de los órganos de un Estado de Derecho. Pues bien, lo que Montesquieu escribió en su “Del Espíritu de las Leyes” lo enterró nuestra democracia a los pocos años.
Todo el poder del Estado en manos de los partidos; el ejecutivo como única autoridad, que dicta al legislativo y manipula al judicial.
A principios de 1981 había en España 1.625.700 funcionarios públicos y no recuerdo yo que el país se colapsara. La Administración en general funcionaba no peor que ahora.
En 1985 un socialista, dicen que Alfonso Guerra, pronunció la famosa frase: “Montesquieu ha muerto”. Aprovechando la mayoría absoluta, el PSOE reformó la Ley del Poder Judicial y dejó herida de muerte la división de poderes. El Parlamento sería quien a partir de entonces elegiría a los vocales del Consejo del Poder Judicial. Claro está, el PSOE lo hizo y nadie lo deshizo. Ya les iba bien a ambos partidos. Nadie se alzó, ni los más ilustrados defensores de la Revolución Francesa, ni los más valientes críticos del anterior régimen; todos callaron.
Aquella democracia inicial, que lo era, fue derivando poco a poco en una forma de vivir, en una forma de encontrar acomodo; en una burocracia no sólo de los partidos, sino también de la Administración que se multiplicaría de manera mastodóntica.
A principios de 1981 había en España 1.625.700 funcionarios públicos y no recuerdo yo que el país se colapsara. La Administración en general funcionaba no peor que ahora. La sanidad, que ya era gratuita, no estaba colapsada, la justicia, aunque lenta, se movía eficazmente, había plazas suficientes en los colegios, sin recurrir a barracones, y los cuerpos de seguridad hacían su trabajo, tal vez, mejor que hoy. A finales de 2015 el número de empleados públicos superaba los tres millones, concretamente 3.018.200. Casi el doble.
Si a los empleados públicos sumamos todos aquellos “colocados a dedo” que de una manera u otra viven del erario público la cifra se dispara. No poseo datos exactos, pero no sería descabellado pensar en una cantidad cercana a los cuatro millones. Una cifra en cualquier caso imposible de mantener. Un esfuerzo que cuesta un dineral y que el contribuyente no ve recompensado en los servicios que recibe.
Con todo ello, un país en que las fortunas eran escasas, la clase media numerosa y la pobreza mínima, se transforma en un lugar de fortunas amplias, clase media escasa y pobreza abundante.
En todos estos años, cuando las empresas que han sobrevivido han realizado cambios estructurales en la mayoría de casos ajustando plantillas, se han modernizado y se han desburocratizado, el Estado, los partidos y demás entes subvencionados han optado por lo contrario. Toda la “nobleza” ha seguido el mismo camino. La partidocracia hasta en la mesa. ¡La buena mesa!
Con todo ello, un país en que las fortunas eran escasas, la clase media numerosa y la pobreza mínima, se transforma en un lugar de fortunas amplias, clase media escasa y pobreza abundante. Porque la política se ha convertido en profesión, porque ser político unos años soluciona la vida, porque el político no rinde cuentas a quien le vota, porque con suerte y sin valía puedes amasar fortuna. Una plutocracia donde quienes mandan ya forman parte de la clase adinerada; de la más acaudalada.
A diferencia de aquella empresa, que mostró al departamento comercial los problemas por los que atravesaba y planteó las duras medidas que pensaba tomar para salir adelante, la clase política ha obviado los problemas de España. Para los políticos la empresa nacional no ha importado. Los intereses partidistas han estado por encima de todo y hoy día la firma España, sociedad de todos, está a punto de desaparecer. Muy diferente de aquella otra en la que trabajé y que hoy lidera su sector.
Lo que en aquel momento la mayoría de jóvenes criticamos y celebramos su fracaso, no tengo la certeza de que se vea con idénticos ojos por todos los que hoy peinamos canas. Porque es lícito y acertado pensar que son muchas las cosas que se han hecho mal a partir de aquel entonces y cabría preguntarse: ¿estaríamos mejor si hubiera triunfado aquel golpe?
Saludos.
T.McARRON
* Fuentes de los datos: INE, Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y LPGE.
